Cuando la compasión se vuelve delito: por qué rescatar animales no debería ser un crimen
En California, una joven activista llamada Zoe Rosenberg podría enfrentar más de cinco años de prisión por haber rescatado cuatro gallinas enfermas de un matadero. Entró, las tomó en sus brazos y las llevó a recibir atención veterinaria.
Este caso plantea una pregunta fuerte: ¿Por qué un acto de compasión puede verse como un crimen? Y aún más allá de eso: ¿qué dice esto sobre la forma en que la ley, la moral y el trato a los animales están conectados?
A continuación, exploramos varios casos de distintos países para mostrar que esto no es algo aislado, y por qué el rescate de animales no debe considerarse un delito.
Caso de Zoe Rosenberg
Zoe, en California, testificó que su acción — tomar cuatro gallinas enfermas — fue un acto de “rescate abierto” (open rescue), motivado por su creencia de que los animales estaban siendo maltratados o iban a morir.
Los fiscales argumentan que ella “entró sin permiso, sustrajo propiedad ajena, y por tanto cometió robo y conspiración”.
Por un lado, tenemos una obligación ética, que sería, intervenir ante el sufrimiento. Y, por otro, una obligación legal, que sería, respetar propiedad privada.
Pero esta criminalización a un acto de rescate es, en el fondo, una criminalización a la empatía. Y una sociedad que castiga la empatía se aleja peligrosamente de la justicia y los valores que fundan nuestra civilización.
Rescate de lechones por Wayne Hsiung y Direct Action Everywhere
En octubre de 2022 se celebró un juicio por un rescate de dos lechones de una granja-fábrica propiedad de Smithfield Foods en Utah. Los activistas habían entrado sin permiso, tomado los animales y difundido los videos.
Aunque los rescatistas fueron finalmente absueltos por un jurado, el hecho de que pudieran haber enfrentado hasta diez años de prisión demuestra la gravedad con que el sistema ve este tipo de acciones.
Esto confirma un patrón de inconsecuencia: quienes rescatan animales pueden ser tratados como delincuentes, mientras que las instalaciones que los explotan quedan en gran medida protegidas.
Caso de Anita Krajnc
En junio de 2015, Anita dio agua a cerdos que eran transportados hacia el matadero. Fue acusada de “criminal mischief” (daños criminales) por haber interferido con el transporte. Felizmente, en 2017 fue declarada inocente.
Pero, ¿por qué este caso es relevante? Porque revela cómo un gesto tan aparentemente sencillo, como es dar agua a un animal sediento, puede desencadenar un proceso penal, cuando el sistema jurídico precisamente considera a los animales como propiedad y ese acto es asumido como una intervención en la propiedad ajena.
“Canada 11”
En Quebec, once activistas entraron en una granja de cerdos para documentar las condiciones. Posteriormente, fueron procesados por entrada ilegal e interferencia. Aunque no todos fueron condenados a cárcel, el mensaje que se quiso enviar fue claro: intervenir es riesgoso.
Un conflicto de valores: propiedad vs. vida
Cuando las autoridades no actúan, muchos sentimos ese impulso moral de intervenir. Zoe Rosenberg lo hizo tras intentar alertar sin éxito a agencias estatales y federales. Lo que está en juego aquí no es solo un caso judicial, sino un conflicto de valores fundamentales. Por un lado, el derecho de propiedad, históricamente protegido. Y por el otro, el derecho a la vida y al bienestar, aún negado a los animales no humanos.
Algunos sostendrán que no existe conflicto porque los animales carecen de derechos reconocidos. Pero el derecho no es estático: evoluciona con la conciencia social. En otras épocas, muchos actos hoy considerados injustos fueron legales, y muchos derechos —como el voto femenino o la abolición de la esclavitud— nacieron de quienes desobedecieron leyes injustas.
Hoy, nuestra sociedad enfrenta una nueva frontera moral: reconocer que los animales no humanos también merecen protección y consideración legal.
El problema es que, en los casos revisados, la ley protegió únicamente el valor económico, la mercancía, y no el valor de la vida y libertad de un ser sintiente. Así, cuando alguien intervino para salvar a un ser vivo, el derecho respondió, de forma automática, protegiendo la propiedad por encima de la compasión y empatía.
El efecto disuasorio de la pena se activa: rescatar animales puede llevarte a prisión. ¿Y el mensaje? No te interpongas entre la ley y la costumbre, aunque signifique dejar morir a un ser sintiente.
Algunos activistas han intentado justificar sus actos mediante la figura jurídica del estado de necesidad, argumentando que su acción ilegal evitó un daño mayor: el sufrimiento o la muerte de un animal. Sin embargo, los tribunales casi nunca la admiten.
En California, por ejemplo, los jueces han rechazado incluso permitir que los jurados consideren esta defensa, bajo el argumento de que el “daño evitado” (dolor animal) no es equiparable al daño humano tradicionalmente cubierto por la eximente.
Además, como documenta un estudio de Animal Legal Defense Fund, los tribunales suelen bloquear la presentación de evidencia de crueldad si la defensa de necesidad no es previamente aceptada.
Pese a ello, juristas como Kristen Stilt (Harvard Law School) sostienen que esta doctrina debería extenderse a los casos de rescate animal: El principio de prevenir un daño grave e inminente no debería depender de la especie.
La resistencia judicial sólo demuestra cuán lejos estamos de reconocer legalmente lo que ya comprendemos moralmente: que salvar una vida no puede ser delito.
Hacia un nuevo marco legal: reconocer el rescate como acto de interés público
Casos como el de Rosenberg y otros pueden servir como catalizador para reformar leyes que regulan el rescate de animales. Algunas propuestas:
Creación de protocolos que permitan a ciudadanos intervenir cuando los animales están en peligro inminente, sin temor a sanciones penales.
Reconocimiento legal de los animales como seres sintientes o sujetos de derechos.
Reformas que reconozcan que rescatar animales en situaciones de sufrimiento es distinto a robo o vandalismo.
En Animal Law Focus creemos que...
El sistema legal no puede seguir defendiendo el sufrimiento como si fuera propiedad privada. Casos como el de Zoe Rosenberg nos recuerdan por qué nuestra misión es hacer la explotación animal económicamente y legalmente inviable, y también por qué la compasión —cuando se traduce en acción— debe ser defendida, no castigada.
Reformar la legislación para reconocer el valor moral de estas intervenciones y proteger a quienes actúan en defensa de los animales es una cuestión de justicia, coherencia y conciencia ética. Cada vez que alguien es enjuiciado por rescatar a un animal, la justicia humana pierde una oportunidad de evolucionar.
Hablemos de estos casos. Difundamos sus historias. Y recordemos una verdad simple y poderosa: Salvar vidas nunca debería ser un delito.